Se sitúa como una pieza clave de la escuela italiana de derecho procesal, destacada por su madurez reflexiva y pureza de conceptos.
Enfoque: Examina las medidas cautelares como instrumentos judiciales para conservar la materia del litigio y evitar daños irreparables durante el proceso.
Definición: Diferencia estas providencias de otras resoluciones judiciales como los autos o sentencias definitivas, enfocándose en su carácter temporal y preventivo.
Finalidad: Busca proteger al acreedor o interesado ante el temor de la pérdida de la garantía o el ocultamiento de bienes/personas.
Este volumen explora el camino que ha recorrido el campo de la justicia transicional desde sus orígenes en el Cono Sur, con el tránsito de las dictaduras a las democracias, hasta su configuración actual en escenarios de (post) conflicto armado. A través de un análisis de las principales necesidades y los objetivos de las sociedades en estos momentos de cambio político y legal; la naturaleza ,el tipo y la extensión de los abusos cometidos y la capacidad institucional para implementar las medidas de verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición, los textos que integran este libro ofrecen un análisis crítico de las oportunidades y los riesgos que surgen con la aplicación de la justicia transicional en escenarios de (post) conflicto armado.
La democracia está hoy en crisis también en los países donde hace poco, parecía irreversible. Frente a la idea de que no existen alternativas a la crisis, este libro aboga por tomar en serio el derecho vigente construyendo las garantías de las promesas de paz e igualdad en los derechos fundamentales. La expansión del paradigma normativo del constitucionalismo democrático, configurado como paradigma formal, no es una simple opción progresista, sino una actuación impuesta por las cartas de derechos y la única alternativa realista a un futuro de catástrofes. Como escribe Luigi Ferrajoli, la democracia no es solo una construcción jurídica, sino sobre todo una construcción social y política, dependiente de presupuestos extrajurídicos que el derecho puede tanto promover como desalentar. De esa construcción son elementos indispensables la participación ciudadana, la formación de su sentido cívico, la maduración de una opinión pública que tome en serio el nexo entre paz, democracia, igualdad y derechos fundamentales, y el desarrollo, en el sentido común, de la consciencia de las dimensiones cada vez mayores de los intereses públicos, comunes a toda la humanidad.
La obra analiza críticamente la tipificación del delito de sicariato y la imposición de la cadena perpetua en el ordenamiento jurídico peruano. El estudio se centra en:
Conflicto Normativo: Evalúa cómo estas sanciones pueden vulnerar principios fundamentales como la dignidad humana, la legalidad y el fin de resocialización de la pena.
Contraste Jurídico: Confronta la legislación nacional con la Constitución Política del Perú y la Convención Americana sobre Derechos Humanos (Control de Convencionalidad).
Evolución del Delito: Incluye una introducción sobre el homicidio y cómo el sicariato se manifiesta como una forma agravada por lucro o motivos fútiles.
Esta obra cumbre del jurista Javier Tamayo Jaramillo es una pieza indispensable para jueces, litigantes y estudiosos del derecho. A través de sus dos tomos, el autor realiza un análisis profundo y crítico sobre el proceso mental, técnico y legal que conlleva la construcción de una sentencia.
La Constitución de 1991, y el devenir jurisprudencial de la nueva Corte Constitucional, trajeron consigo una verdadera revolución intelectual en relación con la forma de interpretar los textos constitucionales y legales en general.En efecto, aunque los especialistas en filosofía del derecho en Colombia ya tenían conocimiento de las obras que en el mundo entero pregonaban, desde hace décadas, las doctrinas contrarias a la interpretación semántica del derecho, lo cierto es que nuestros jueces continuaban, y muchos de ellos continúan aplicando los textos normativos vigentes, sin perjuicio de un cierto margen de libertad creativa basada en los diversos métodos clásicos de interpretación jurídica, en los casos oscuros y en los vacíos o lagunas normativas. Es decir, se tenía y parcialmente todavía se tiene, una visión positivista del derecho y de su aplicación
Para comprender la riqueza de la teoría jurídica de finales de siglo, se debe tener en cuenta el debate entre dos corrientes de reflexión que han pugnado por convertirse en el paradigma dominante: la teoría del inglés H.L.A. Hart y la de su opositor, el norteamericano Ronald Dworkin. Este debate ha transformado profundamente las visiones contemporáneas acerca del papel de los jueces, la relación entre el derecho y la moral, y el concepto mismo de derecho. El contexto en el que se inscribe esta controversia está caracterizado por el gran protagonismo de los jueces, la proliferación de los tribunales constitucionales y el activismo judicial en esferas sensibles de la vida comunitaria.
Explora los instrumentos jurídicos (como el amparo, el habeas corpus y la justicia constitucional) diseñados para proteger la supremacía de la Constitución frente a actos del poder público.
El constitucionalismo rígido ha cambiado profundamente la naturaleza del derecho y de la democracia, al imponer a la política límites y vínculos sustanciales, en garantía de los derechos fundamentales constitucionalmente establecidos.Actualmente, el edificio de la democracia constitucional, como modelo teórico y como proyecto político, está siendo agredido por la asimetría entre el carácter global de los poderes económicos y financieros y los confines todavía estatales del derecho y de la democracia; por la abdicación de su papel de gobierno por parte de la política, tan impotente y subordinada a los mercados como omnipotente en relación con los sujetos débiles y sus derechos; por el general desarrollo de la ilegalidad o, lo que es peor, por la ausencia de reglas sobre los poderes, tanto públicos como privados.Por eso, la expansión del constitucionalismo, y la construcción de sus garantías a la altura de los nuevos poderes económicos globales, es la principal tarea de la política y la única alternativa racional a un futuro, no solo de desórdenes, violencias, desigualdades y devastaciones medioambientales, sino de involuciones autoritarias y antidemocráticas.
La obra de Manuel Atienza constituye una de las contribuciones más influyentes al pensamiento jurídico contemporáneo en el ámbito iberoamericano, de allí que su obra haya sido difundida y traducida en varios países de la región. En este volumen, Rafael Buzón examina los fundamentos teóricos que estructuran el pensamiento de Atienza: su teoría de la argumentación jurídica, el lugar de la legislación en el discurso jurídico, su visión del Derecho como práctica racional orientada por principios, y su propuesta de una dogmática jurídica entendida como tecno-praxis. Además, de forma acertada, el libro incluye una sección dedicada a las principales críticas formuladas a sus planteamientos, orientados a evaluar el alcance normativo y metodológico de su propuesta.
El ágora, durante los tiempos de las antiguas ciudades griegas, fue el espacio público de las ideas, donde las ciencias y la filosofía se encontraban, el centro de la vida social y política de la comunidad. El presente volumen es una invitación de J. J. Moreso a participar de forma activa en la discusión jurídica y filosófica sobre la dirección de la política, la defensa del sistema democrático, los dilemas bioéticos y la comprensión de valores tan esenciales como la dignidad, la vida y la libertad.
En definitiva, se trata de una apuesta por una filosofía crítica que aterriza en la realidad, aquella llena de matices políticos y sociales que muchas veces ponen en riesgo los derechos y la democracia. Ser parte del ágora es una necesidad civil para entender el rumbo de nuestras naciones y atender los derechos de los más vulnerables. El pensamiento filosófico no se refugia: se lanza al espacio público.
La presente obra realiza un completo análisis de la tributación de las explotaciones económicas enclavadas en los espacios naturales protegidos, incidiendo en las particularidades a nivel desgravatorio, previstas en los diferentes tributos estatales y autonómicos. Junto a ello, el autor demuestra que la declaración de un espacio natural protegido, supone —de facto—, la constitución de una servidumbre de conservación a perpetuidad para los propietarios de los terrenos afectados por dicha declaración. Como consecuencia, adviene el denominado «lucro cesante», que será preciso compensar a través de los instrumentos que ofrece el ordenamiento tributario.
