Esta obra recoge en profundidad dos problemas relacionados entre sí y que impactan la teoría de las obligaciones, muy especialmente la de los profesionales de la salud y la prueba de su responsabilidad.

En efecto, apoyado en la doctrina de las cargas probatorias dinámicas, el Consejo de Estado, a partir de 1992, instauró un régimen general de presunción de culpa contra los médicos que laboraban para el Estado. La citada presunción pecaba por exceso, ya que simplemente hizo desaparecer las obligaciones en materia médica, pues en el fondo no solo presumía la culpa, sino también la causalidad entre falla del servicio y daño.