La normativa vigente respecto a trámites de liquidación empresarial e insolvencia de persona natural no comerciante tiene una orientación netamente mercantil, sin perjuicio de que entre dichos tramites se terminen resolviendo asuntos de diversa naturaleza, en particular, de orden laboral, cuando un empresario haya tenido trabajadores a su servicio con contratos de trabajo y por su situación económica ya no tenga como cumplir con los pagos que por salarios, prestaciones sociales y aportes a seguridad social debe asumir por ley. Por esto, en tales procedimientos, los trabajadores entran a ser acreedores de ese empresario, y como tales deben reclamar sus créditos con unas formalidades y unos términos que prevén las normas correspondientes, pero que están lejos de tener una vocación proteccionista de los derechos irrenunciables de estos, pues comienzan con la terminación automática de todos los contratos de trabajo – sin la autorización  del respectivo Ministerio – y con el pago de la correspondiente indemnización por despido sin justa causa…