Existe el principio legal que quienes tengan un bien en propiedad común, no estén obligados a permanecer en la indivisión. Pues bien, pueden optar por dividirlo en las partes correspondientes, si ello es posible sin que pierda su esencia y su valor y además que la ley lo permita en ciertos casos; o bien proceder a su venta en pública subasta. Para ello lo pueden hacer de común acuerdo o mediante demanda judicial, con las implicaciones del caso, tales como morosidad en la administración de justicia, pago de aranceles, honorarios de abogado, pérdida conjunta del 30% de su precio si se ven abocados al remate, etc.