La persona jurídica es un agente determinante en las sociedades modernas, y su responsabilidad en los campos comerciales, administrativos, civiles laborales o financieros es un asunto que no es materia de debate. Por el contrario, la posibilidad de atribuir responsabilidad penal a los entes colectivo, es un asunto que, aunque cada vez menos, es materia de permanente controversia.

Por ello que en el presente nos ocupamos de brindar unos elementos descriptivos y otros propositivos a fin de brindar insumos para esta discusión en un medio como el nuestro, en el que a pesar de la existencia de compromisos internacionales, un déficit de protección de los derechos de la persona jurídica y una necesidad práctica de superar el principio societas delinquere non potest, el mismo sigue imperando en la legislación y literatura nacionales.