Al igual que ocurre en los regímenes de responsabilidad Estatal internacional y SIDH, en donde se hace una distinción entre los hechos ilícitos internacionales y las violaciones a normas imperativas de derecho internacional -Ius cogens-, se plantea la posibilidad de aplicar en el régimen interno de responsabilidad estatal la aludida “responsabilidad internacional agravada”, en aquellos casos específicos de violaciones graves a derechos humanos, comoquiera que resulta necesario establecer la aludida distinción respecto de la imputación del daño al Estado en este tipo de casos. Así, en atención a las circunstancias por las cuales atraviesa el país en materia de desconocimiento flagrante y sistemático de derechos humanos, resulta imperioso establecer una diferenciación entres las denominadas fallas y/o faltas administrativas dependiendo de las normas y/o derechos infringidos, pues a pesar que desde el punto de vista del título de imputación -falla del servicio- el juicio de responsabilidad se basa en el mismo fundamento jurídico -desconocimiento de un deber legal a su cargo-, lo cierto es que las violaciones graves a derechos humanos merecen, como resulta apenas natural, un juicio de recriminación con mayor rigurosidad.