«Las pruebas testimonial y pericial adquieren inusitada importancia en el proceso penal acusatorio, fase del juicio oral y público, dada la viabilidad, material y normativa, que ofrecen para ser practicadas en la audiencia, con vigencia plena de los principios de inmediación, concentración, continuidad y, naturalmente, respecto de su oralidad y publicidad, Adicionalmente se trata de medios probatorios, tradicional y especialmente socorridos en materia criminal, que en gran medida se corresponden o adaptan, en forma muy aceptable, a los requerimientos de un proceso penal garantista, rápido y económico como el que ha pretendido diseñarse para Colombia.
No obstante, se trata de medios probatorios que tambien tradicionalmente han sido fuente de riesgo y duda, pues, como lo hemos advertido a lo largo de nuestra investigación, se trata de formas demostrativas de fuente humana, verdaderos testimonios de conocimiento y percepción respectivamente, que no son inmunes a deficiencias y limitaciones objetivas, las cuales han de ser eficazmente neutralizadas, tanto en fase de elaboración legislativa como por vía doctrinal y, siempre dentro del manejo y dominio que les proporcionen los diferentes operadores jurídico. Esta la razón fundamental que impone la necesidad de un discernimiento, estudio y debate de todos sus elementos, desde las etapas de formación de la prueba, hasta los momentos, también trascendentales, de ofrecimiento, solicitud, admisión, práctica, contradicción , apreciación y valoración»«Las pruebas testimonial y pericial adquieren inusitada importancia en el proceso penal acusatorio, fase del juicio oral y público, dada la viabilidad, material y normativa, que ofrecen para ser practicadas en la audiencia, con vigencia plena de los principios de inmediación, concentración, continuidad y, naturalmente, respecto de su oralidad y publicidad, Adicionalmente se trata de medios probatorios, tradicional y especialmente socorridos en materia criminal, que en gran medida se corresponden o adaptan, en forma muy aceptable, a los requerimientos de un proceso penal garantista, rápido y económico como el que ha pretendido diseñarse para Colombia.