El autor pretende de una manera fácilmente digerible, dar a conocer los efectos de las decisiones de la Corte IDH en el ejercicio del Control de Convencionalidad, su carácter vinculante y obligatorio al interior del ordenamiento jurídico de los Estados Parte, en especial el colombiano ,en virtud del Bloque de constitucionalidad y el reconocimiento que del mismo se ha hecho a través de las decisiones del órgano de cierre Constitucional. Colocando en evidencia una pluralidad de garantías al interior del proceso penal, no previstas dentro de la normatividad interna. Ampliando así las posibilidades jurídicas de interpretación y argumentación, a los administradores de justicia, profesionales del derecho y comunidad académica en general.
El autor pretende de una manera fácilmente digerible, dar a conocer los efectos de las decisiones de la Corte IDH en el ejercicio del Control de Convencionalidad, su carácter vinculante y obligatorio al interior del ordenamiento jurídico de los Estados Parte, en especial el colombiano ,en virtud del Bloque de constitucionalidad y el reconocimiento que del mismo se ha hecho a través de las decisiones del órgano de cierre Constitucional. Colocando en evidencia una pluralidad de garantías al interior del proceso penal, no previstas dentro de la normatividad interna. Ampliando así las posibilidades jurídicas de interpretación y argumentación, a los administradores de justicia, profesionales del derecho y comunidad académica en general.
El autor pretende de una manera fácilmente digerible, dar a conocer los efectos de las decisiones de la Corte IDH en el ejercicio del Control de Convencionalidad, su carácter vinculante y obligatorio al interior del ordenamiento jurídico de los Estados Parte, en especial el colombiano ,en virtud del Bloque de constitucionalidad y el reconocimiento que del mismo se ha hecho a través de las decisiones del órgano de cierre Constitucional. Colocando en evidencia una pluralidad de garantías al interior del proceso penal, no previstas dentro de la normatividad interna. Ampliando así las posibilidades jurídicas de interpretación y argumentación, a los administradores de justicia, profesionales del derecho y comunidad académica en general.