«No es fantasía poder comprobar que ahora en presencia de una eventual responsabilidad estatal, debamos intentar celebrar el negocio jurídico que impida acudira la justicia habitual, en patrocinio de los test de razonabilidad, proporcionalidad, racionalidad, constitucionalidad y legalidad, que concreten los principios de la efectividad de los derechos, prevalencia del derecho sustancial acceso a la administración de justicia, tutela judicial efectiva, Estado justo, equidad y confianza legítima. Derechos fundamentales que imponen la necesidad de liquidar las diferencias por la vía inteligente del acuerdo, con la satisfacción inter partes, por el consabio ahorro en tiempo, dinero y esfuerzos. Dichas garantías resultan abantes en la medida que cedamos intereses, y diluyamos las ilusiones infundadas en ganar fijamente un proceso judicial, de suyo irrigado por la incertidumbre — pues la decisión final dependerá de un tercero ajeno en la causa, que tendrá su propia visión jurídica —; al paso que la conciliación, lógicamente proyecta seguridad y confianza en sus logros, y de modo consistente fortalece la justifica en general, tomando los avances de la ciencia y la técnica, para ponerlos al servicio de las necesidades humanas envueltas en la figura, examen que seguramente llevará a comprender que debemos auxiliarnos de la era de la verdadera revolución digital por la que pasamos. En efecto, las audiencias ya se pueden hacer virtuales, como expresión de la síntesis de los cambios dados en el mundo del derecho, para bien de la humanidad».