Con la expedición de la Ley 80 de 1993, definitivamente se dio solución a las múltiples críticas que contra el Decreto-Ley 222 de 1983 (anterior estatuto de contratación) se lanzaron por varios sectores de la Nación. Lo tildaban de contener una clasificación artificiosa dado que existía una división de los contratos, públicos y privados, que celebraba la administración, ocasionando una serie de conflictos jurídicos, que en muchas ocasiones se tramitaban en perjuicio de los intereses colectivos protegidos por la ley, concretamente en lo que se traducía en muchos casos de denegación de justicia.

Sin embargo, no es del caso abordar las discusiones e imputaciones de todo orden que se endilgaron contra el citado estatuto ya que no es ese el objeto de esta obra. Por el contrario, la pretensión principal del texto está encaminada a dotar de sencillez y agilidad la comprensión del concepto de contrato estatal...