La celeridad, eficiencia y eficacia son elementos fundamentales en el ejercicio de la administración de justicia, una administración de justicia que continúa congestionada. Se requiere en consecuencia que los servidores judiciales actúen con agilidad y dinámica. En este sentido, la Corte Constitucional decantó en la sentencia C 037 de 1996 que examinó la exequibilidad de la Ley 270 de 1996, conocida como la Ley Estatutaria de la Justicia, que “el derecho fundamental de acceder a la administración de justicia implica necesariamente que el juez resuelva en forma imparcial, efectiva y prudente las diversas situaciones que las personas someten a su conocimiento. Para lograr lo anterior, es requisito indispensable que el juez propugne la vigencia del principio de la seguridad jurídica, es decir, que asuma el compromiso de resolver en forma diligente y oportuna los conflictos a él sometidos dentro de los plazos que define el legislador”.