La Ley 2080 de enero de 2021 transformará el régimen de competencias del CPACA a partir del 25 de enero de 2022. Se fortalece la función de unificación de jurisprudencia, desconcentrando de manera más racional los procesos que tiene a su cargo el Consejo de Estado, el cual tiene una carga procesal superior a cualquier otro órgano judicial. Bajo este derrotero, se trasladarán competencias que tenía el Consejo de Estado en única instancia a los tribunales administrativos, en temas como extinción de dominio, agrarios, propiedad industrial, actos sin cuantía expedidos por autoridades del orden nacional o departamental o entidades de derecho privado que cumplan funciones administrativas en el mismo orden, y la competencia residual en litigios que involucren a autoridades del orden nacional o departamental, o particulares que cumplan funciones administrativas equivalentes. Igualmente, se fortalecen las competencias de los tribunales y de los jueces administrativos, incrementando el monto de las cuantías en procesos de reparación directa, tributarios y de nulidad y restablecimiento de derecho, criterio que ya no se deberá tener en cuenta en las controversias de carácter laboral.