La ejecución de la pena constituye un aspecto de la materialización del ius puniendi del Estado, entendido este con la aptitud legal para sancionar a sus administrados, esencia que lo convierte <> dentro del contexto cotidiano de una sociedad. En consecuencia , la vigilancia de la sanción penal se configura como estructura que articula el rigor sancionador del poder estatal sobre las conductas punibles y emerge también como andamiaje coadyuvante de la resocialización del condenado, deber igualmente del Estado, surgido dentro de la relación de especial sujeción que se establece con el sentenciado.