A partir de la Constitución de 1991, Colombia entroniza en su carta fundamental el artículo 86 y, en consecuencia, dentro de su sistema jurídico, la acción constitucional de tutela, que a nivel global antes de ser introducida en el país ya había alcanzado una influencia gravitacional. En efecto, la Convención Americana de Derechos Humanos prevé en el artículo 81 el derecho que tiene toda persona a ser oída con las debidas garantías dentro del plazo razonable. Además, en su artículo 25 fija también el derecho que tiene toda persona a un recurso sencillo y rápido o a cualquier otro recurso efectivo ante los jueces o tribunales competentes para que sea amparada contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la Constitución, la ley o dicha Convención […].